Acusan al kirchnerismo de tratar de silenciar a Antonini
Según el fiscal, el gobierno argentino y el venezolano le ofrecieron
al empresario 2 millones de dólares
Martes 18 de diciembre de 2007

MIAMI.– Las revelaciones comenzaron a llegar. Al "maletero" Guido
Alejandro Antonini Wilson le ofrecieron US$ 2 millones a cambio de su
silencio. O, dicho de otro modo: le recomendaron que callara su verdad
sobre lo que pasó en la madrugada del 4 de agosto en el aeroparque
Jorge Newbery, en Buenos Aires, a cambio de todos esos dólares y la
seguridad de sus hijas, que estaba "en riesgo".
La oferta no fue una iniciativa que tomaron sus amigos Carlos Kauffmann
y Franklin Durán por su cuenta o sin consultar a alguien. Fue,
precisó el fiscal federal Thomas Mulvihill, producto de "un acuerdo"
entre los gobiernos más afectados por las sospechas de escándalo: el
de Hugo Chávez y el de Néstor Kirchner.
"Hay numerosas grabaciones que dejan bien en claro que había un
acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y de Venezuela para que la
verdadera fuente de los fondos fuese suprimida, y este problema
desaparecería siempre que el señor Antonini colaborara", planteó
el fiscal, de lo cual dijo tener pruebas, aunque se cuidó de dar
nombres de otros posibles implicados, que quiere guardar hasta el juicio
oral. "El hecho es que estos dos acusados [por Kauffmann y Durán] le
estaban ofreciendo 2 millones a Antonini Wilson", dijo Mulvihill cuando
concluía la audiencia ante el segundo magistrado que intervino en este
caso hasta ahora, el juez federal William C. Turnoff. Y por si quedaban
dudas, insistió: "Estamos hablando de un agente de un gobierno
extranjero [por el supuesto agente de inteligencia venezolano José
Canchica] y dos agentes encubiertos [Kauffmann y Durán] ofreciendo 2
millones en nombre del gobierno de Venezuela".
La audiencia también deparó una ratificación. Apoyado en la
evidencia que dice tener, el fiscal reiteró que los 800.000 dólares
decomisados en Buenos Aires "estaban destinados a la campaña
presidencial en la Argentina", pero esta vez se cuidó de mencionar a
la presidenta Cristina Kirchner.
"El dinero fue confiscado -explicó-. El problema fue que se
convirtió en un problema de relaciones públicas porque los medios de
América del Sur publicaron alegatos de que este dinero iba para una
campaña presidencial en la Argentina. Eso estaba causando problemas al
gobierno de Venezuela porque el dinero había llegado a la Argentina en
un avión privado que salió de Venezuela. Para suprimir ese desastre
es que los agentes de la Disip [la inteligencia venezolana] se reúnen
con Antonini". La meta: "Subvertir los procedimientos judiciales de la
Argentina".
Para eso, todos los implicados "produjeron documentación para ocultar
el verdadero origen de los 800.000 dólares". Y ante una pregunta del
juez Turnoff, fue aún más asertivo: "El dinero no era de Antonini.
Era de Venezuela", y en la estratagema participó "un director de la
Disip".
Mulvihill también corrió un velo al detallar el momento en que el
valijero de doble nacionalidad -venezolano por nacimiento y
norteamericano por su madre- comenzó a cooperar con las autoridades de
Estados Unidos. Fue "subsecuentemente" al escándalo y a su regreso a
su casa en Key Biscaine, cuando sus socios lo desconocían en público
y presionaban en privado.
De pie, delante de un micrófono durante toda la audiencia, el fiscal
reiteró esa precisión ("comenzó a cooperar cuando regresó a
Estados Unidos, no cuando fue a la Argentina"), con lo que contradijo
uno de los argumentos centrales del gobierno argentino: que esto fue una
operación de inteligencia norteamericana. Y todos los detenidos,
aclaró Mulvihill por si hacía falta, "se reunieron con Antonini sin
saber que él estaba cooperando".
El "maletero" no apareció por la audiencia, ni nadie del gobierno de
Estados Unidos precisa dónde se encuentra. Su familia desapareció
desde hace días de Key Biscaine, y su abogada, Teresa van Vliet,
guarda silencio. "Mi cliente es inocente, pero no podemos hablar ahora",
se excusó ante LA NACION.
Detenidos y esposados
Sí estaban en la audiencia, en cambio, los cuatro detenidos (los
venezolanos Kauffmann, Durán y Moisés Maionica, y el uruguayo
Rodolfo Wanseele), encadenados de las muñecas y los tobillos a otros
11 detenidos. Con sus fianzas rechazadas el miércoles pasado,
Kauffmann y Durán fueron poco más que observadores de la audiencia,
al igual que sus familiares, policías, abogados y periodistas.
Maionica obtuvo una semana más, aunque detenido, para contratar un
abogado, y sólo Wanseele decidió solicitar su fianza ayer (de lo que
se informa por separado).
Los 53 minutos que duró la audiencia también permitieron obtener
más datos sobre la investigación que protagonizó la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI) junto a la Fiscalía Federal para el
Distrito Sur de Florida y, dato elocuente de la seriedad con la que
tomaron este caso, la sección de Contraespionaje de la División de
Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Mulvihill y un agente del FBI, Brian Young, que fue llamado a declarar
por la defensora pública de Wanseele, Sowmya Bharathi, detallaron
parte del menú que tienen preparado: filmaciones, grabaciones
telefónicas y de reuniones, fotografías, documentos, informes,
testigos y, claro, a Antonini.

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.