A propósito del 50º aniversario de la Unión
Oscar Reyes
Transnational Institute
Traducción de Beatriz Martínez
La Unión Europea (UE) celebra este mes su 50º aniversario sin que se
avisten soluciones para superar el parón del tratado constitucional.
Pero teniendo en cuenta la multitud de propuestas para seguir
liberalizando los mercados, aún es pronto para que la izquierda cante
victoria.
El 25 de marzo, los dirigentes europeos se reunirán para conmemorar el
50º aniversario de la firma del Tratado de Roma, que estableció los
cimientos de la actual Unión Europea (UE). El acto culminará con una
declaración de Berlín que plasmará los 'objetivos y valores comunes de
la UE'.
Sin duda, todo esto irá acompañado de varias rondas de palmaditas en
la espalda, banquetes y discursos grandilocuentes sobre la paz y la
prosperidad. Habrá celebraciones de una Europa en paz y buenas
palabras sobre la soberanía compartida; si no explícitamente en el
sentido de una 'unión cada vez más cercana', al menos alguna frase al
más puro estilo Blair del tipo 'estamos consiguiendo más juntos de lo
que podríamos en solitario'. Pero cuando las conversaciones aborden la
cuestión del nuevo tratado constitucional, habrá que excusar a los
jefes de Estado allí reunidos por parecer algo nerviosos.
Cuando Angela Merkel se dirigió al Parlamento Europeo al inicio de la
presidencia alemana de la UE, anunció su intención de trazar 'una hoja
de ruta' para la adopción del tratado constitucional. El derrumbe de
ese proceso representaría 'un fracaso histórico', manifestó, y añadió
que se necesitaba una constitución para hallar el 'alma de Europa'.
Sin embargo, ese proceso ya está en apuros.
La constitución en la encrucijada
La constitución, en su concepción original, era un sutil compromiso
entre las demandas de las diversas elites políticas europeas. Pero
cuando los votantes franceses y neerlandeses tuvieron la osadía de
rechazar este hecho consumado, propiciaron el inicio de un 'período de
reflexión' del que la UE está empezando a salir ahora.
Una de las consecuencias inmediatas de todo esto es que los
referéndums se ven con muy malos ojos. El presidente de la Unión, José
Manuel Barroso, que apoyó las convocatorias de referéndum cuando el
primer ministro de Portugal promovió un plan D (de 'democracia,
diálogo y debate') tras el resultado negativo en Francia y los Países
Bajos, está ahora instando a los países a 'pensárselo dos veces' antes
de convocar consultas populares sobre el tratado constitucional. En su
opinión, estas consultas hacen que el proceso de aprobación sea 'mucho
más complicado y menos predecible'; donde lo imprevisible es, al
parecer, que la gente podría volver a emitir la respuesta
'equivocada'.
Con esto, se da por sentado que es posible encontrar una vía común
para llevar adelante la constitución, pero una reunión de los 'amigos
de la constitución europea', celebrada recientemente en Madrid y en
que participaron representantes de los 18 países que han ratificado el
tratado existente, puso de manifiesto la magnitud de las divisiones.
El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, abogó por
que la UE ampliara el alcance del tratado -un 'documento magnífico'-
que, insistió, debía seguir sirviendo de base de cualquier acuerdo
futuro. Pero un alto diplomático francés en Bruselas descalificó el
encuentro tildándolo de 'algo parecido a un grupo de plañideras
llorando el cadáver de un muerto'.
El apoyo de Francia es fundamental para que salga adelante un nuevo
tratado, y mucho dependerá de los resultados de las elecciones
presidenciales de mayo. Nicolas Sarkozy, candidato de la conservadora
Unión por un Movimiento Popular (UMP), se decanta ahora por la
adopción de un 'minitratado', que incluiría medidas para crear el
cargo de ministro de Exteriores europeo y para fomentar el uso de un
sistema de votación por mayoría cualificada; una medida que
probablemente inhabilitaría a un número significativo de Estados
europeos. Su contrincante, Ségolène Royal, defiende la celebración de
otro referéndum, y hay pocos indicios que sugieran que la opinión
pública francesa haya cambiado sus simpatías por la constitución desde
el aplastante 'no' de mayo de 2005.
El Gobierno británico también ha puesto los ojos en un tratado
despojado de artificios. En este país, la mezcla de presión popular y
de oportunismo mediático y político podría hacer que la convocatoria
de referéndum también fuera algo irresistible. Dinamarca, Irlanda, los
Países Bajos, la República Checa y Polonia también caen en el campo de
los escépticos, y tendrían dificultades en aprobar cualquier documento
basado fundamentalmente en el tratado existente sin batallar. Así
pues, no es de extrañar que Merkel esté intentando desarrollar el
debate a puerta cerrada, valiéndose de 'sherpas' burocráticos para
tantear los mínimos exigidos por diversos gobiernos.
Pero los sectores de la izquierda que crean que el que no haya
noticias es buena señal, y que este estancamiento es el mejor
resultado que cabía esperar, no harían mal en ser prudentes. Y es que,
sea cual sea la forma que adopte finalmente la nueva constitución, es
poco probable que aborde los problemas de base por los que la mayoría
de votantes progresistas en Francia y los Países Bajos la rechazaron
en un primer momento. 'Los Estados miembro intentarán cambiar lo
mínimo posible y dar la impresión de que han introducido cambios
sustanciales', afirma Steve McGiffen, editor de Spectrezine, revista
electrónica de izquierdas, y autor de The European Union: A Critical
Guide.
La propuesta de constitución que no llegó a aprobarse fue un intento
por otorgar a las políticas de la Unión ya existentes un estatus legal
superior que, una vez ratificado, resultaría extremadamente difícil de
enmendar. 'Fue un intento por fijar algunas políticas básicas para las
próximas décadas, con lo que las generaciones futuras se verían
sujetas a las elecciones políticas y económicas del presente', comenta
Erik Wesselius, de Corporate Europe Observatory.
Caroline Lucas, diputada del Parlamento Europeo por el Partido de los
Verdes, coincide con esta línea: 'La constitución nos ataba a mercados
abiertos, más y más competencia, y a la creciente militarización de la
UE. Para empezar, incluir esos compromisos vinculantes en una
constitución fue un gran error'. En su opinión, hay alguna posibilidad
de que una versión simplificada del tratado elimine la tercera parte,
que representa prácticamente el 75 por ciento del documento original;
esto, al menos, sería una noticia bienvenida. Pero Erik Wesselius se
muestra menos optimista, y subraya que tal documento 'no modificará ni
un ápice la orientación de libre comercio y libre mercado de la UE'.
¿Crisis? ¿Qué crisis?
Sin embargo, que la constitución esté en punto muerto no significa que
la UE también lo esté. En junio de 2005, el primer ministro
luxemburgués, Jean-Claude Juncker, anunció que 'Europa no está en
crisis. Está en una profunda crisis'. A pesar de ello, puede que los
partidarios del proyecto neoliberal de la Unión caigan en la tentación
de preguntar: '¿qué crisis?'.
Independientemente de todos los problemas con el tratado, la UE
continúa con la gradual puesta en práctica de los diversos aspectos de
la constitución. Por ejemplo, las iniciativas para crear una Agencia
Europea de Defensa (AED), contemplada en la constitución como un
elemento clave para la elaboración de prioridades comunes de seguridad
y defensa, han seguido adelante sin impedimentos. La AED, incluida en
el tratado a raíz del intenso cabildeo de la industria armamentística,
está pensada para promover políticas comunes en materia de compra de
armas en toda la UE, lo cual, en el contexto de la disposición por la
que los Estados miembro deben 'mejorar progresivamente sus capacidades
militares', se traduciría en jugosos contratos de defensa.
En líneas más generales, tampoco ha tenido lugar un cambio o
replanteamiento fundamental de la trayectoria neoliberal de la UE; el
'período de reflexión' ha dejado prácticamente intacto este principio
básico.
De hecho, varias de las iniciativas clave de la UE desde que se
produjo el 'no' a la constitución consolidan aún más la vía de libre
mercado de la UE. El presupuesto de la Unión para 2007-2013, aprobado
en abril de 2006 y fijado en 864.300 millones de euros, vincula la
financiación, más estrechamente que en el pasado, a la Agenda de
Lisboa, que establece el objetivo estratégico de la UE de convertirse
en 'la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva
del mundo'. Lo mismo sucede con los ámbitos de desarrollo rural -la
Política Agrícola Común que sigue representando el mayor porcentaje
del presupuesto europeo (88.750 millones de euros)- y con los 45.500
millones de euros asignados al Séptimo Programa Marco, con el que se
fomenta que las investigaciones financiadas por la UE persigan
aumentar 'la competitividad mundial' mediante asociaciones con la
industria y el sector privado.
Según Caroline Lucas, esto también está desempeñando un papel
pernicioso en los debates de Bruselas. 'Al parecer, en lo que respecta
a la competitividad de la UE, la Agenda de Lisboa ha pasado a
utilizarse como un burdo instrumento para atacar legislación social y
medioambiental válida y legítima', comenta la diputada.
La directiva sobre servicios de la UE ('la Bolkestein') pretendía
impulsar la agenda del libre mercado aún con mayor ímpetu; en este
caso, creando un único mercado de servicios. Esta iniciativa estuvo
lejos de convertirse en una victoria indiscutible del neoliberalismo
porque la presión popular en varios Estados miembro propició que se
adoptara un acuerdo de compromiso y se eliminara su disposición más
polémica: el principio del 'país de origen'. Esta cláusula habría
permitido, por ejemplo, que una empresa contratara a un trabajador en
un país de la UE en virtud de la legislación laboral de otro.
También se limitó el alcance de la directiva, de modo que algunos
sectores, como el de la vivienda social, desaparecieron del ámbito de
sus competencias. A pesar de ello, el texto de compromiso adoptado por
el Consejo de Ministros en diciembre de 2006 sigue incluyendo medidas
orientadas hacia una mayor 'libertad de mercado'. Las ambigüedades de
su redacción otorgarán una mayor autonomía interpretativa al Tribunal
de Justicia y, a juzgar por la experiencia, éste tiende a fallar a
favor del aumento de la competencia.
Mientras tanto, en octubre de 2006, Peter Mandelson, comisario europeo
de Comercio presentó una nueva estrategia comercial internacional que
hacía hincapié en la 'búsqueda de la apertura de mercados
extranjeros'. El informe The Global Europe: Competing in the World
(Una Europa competitiva en un economía globalizada) promete nuevos
acuerdos bilaterales de libre comercio. El objetivo es obligar a
países y regiones del Sur Global a abrir sus mercados a los bienes y
las inversiones empresariales de la UE, denegándoles la serie de
protecciones económicas y subsidios de que se han servido la mayoría
de países europeos para fomentar su desarrollo y reforzado, con ello,
las actuales desigualdades económicas mundiales.
Estas políticas ya se están desplegando en forma de Acuerdos de
Asociación Económica (AAE) con países de África, el Caribe y el
Pacífico, y la apertura de estos nuevos mercados para las grandes
empresas europeas está amenazando con pérdidas de empleos y recortes
en los servicios públicos.
Sin ir tan lejos, se está aplicando rápidamente una estrategia
parecida con la política de vecindad de la UE, que promueve la
integración económica y el libre comercio con 17 países que comparten
fronteras con la Unión; países de la antigua URSS, los Balcanes y el
norte de África. Según David Hall, de la Unidad de Investigaciones de
la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), esta estrategia
también fomenta políticas 'concebidas para alcanzar una mayor
liberalización y privatización de lo acordado en el seno de la UE o en
las negociaciones sobre el comercio de servicios en la Unión'.
La ampliación de la UE también se ha utilizado para consolidar las
políticas de liberalización. Bulgaria y Rumanía, además de otros
Estados de Europa Central y Oriental que se han incorporado a la UE,
tuvieron que demostrar su capacidad para gestionar una 'economía de
mercado en funcionamiento' antes de ser admitidos al club. Este
requisito ha tenido algunos efectos positivos evidentes, como sería la
presión para frenar la corrupción, pero éstos quedan eclipsados por
las condiciones de admisión de estos países, que parecen elaboradas
para garantizar que sigan anclados en la periferia de una Europa cada
vez más desigual.
Más allá de declaraciones grandilocuentes sobre objetivos y valores
para el futuro, esta serie de políticas clave -que van acompañadas de
nuevas aperturas de mercados y limitaciones financieras- ya está
marcando la trayectoria de la futura evolución de la UE. Puede que
carezca de alma, pero la UE ha mantenido, sin duda, su cuerpo
económico.
Semillas para otra Europa
'Hace 50 años, estaba muy claro cuál era el cometido de la Comunidad
Económica Europea: construir la paz en el continente a través de un
proyecto económico de libre mercado. Ahora, esas políticas económicas
se han convertido en un fin en sí mismas', comenta Caroline Lucas. 'Y
ése es uno de los motivos por los que la gente se siente alejada de la
UE, porque se ha dado prioridad a la economía por encima de las
cuestiones medioambientales o sociales.'
Reequilibrar esta agenda es fundamental. En términos económicos, esto
supone decir no a las recetas universales de la Unión: los criterios
de estabilidad y convergencia que exigen la desregulación como base
para la cooperación política.
'Uno de los dilemas a los que te enfrentas como crítico de la UE es
que, actualmente, es difícil imaginar cómo sería Europa sin un mercado
interno', afirma Erik Wesselius. Sin embargo, en su opinión, sigue
siendo importante pensar en 'alternativas europeas centradas en una
verdadera cooperación y no en el mercado interno' que ofrezcan la
posibilidad de contemplar una pluralidad de modelos económicos en
lugar del enfoque genérico que impera en estos momentos.
Tal como señala Susan George, del Transnational Institute, si la idea
del modelo europeo ha de tener algún sentido, la UE podría adoptar
multitud de medidas económicas alternativas. Éstas podrían ir desde
aplicar un impuesto a los beneficios de las grandes empresas a
políticas de préstamo mediante la emisión de bonos.
No obstante, no se trata meramente de una cuestión económica. 'Sería
mejor hacer menos en el ámbito de la UE pero garantizar que la Unión
esté haciendo lo que se debe hacer de forma colectiva', opina Caroline
Lucas. 'La sostenibilidad y el cambio climático podrían representar
dos ejes sobre lo que la UE podría aportar. Salta a la vista que las
acciones emprendidas por Estados individuales no son suficientes,
mientras que el impulso de 27 Estados que actúan a la una y que se
toman estas cuestiones mucho más seriamente de lo que lo ha hecho la
UE hasta la fecha podría demostrar que estamos resueltos a abordar
estos problemas, y a colaborar con China y la India, tanto a través de
la transferencia tecnológica como de nuestras políticas, sea con el
enfoque de contracción y convergencia o con cualquier otra fórmula que
sea justa.'
Alcanzar estos objetivos exigiría cambios fundamentales en el
funcionamiento de la UE y en el equilibrio de fuerzas políticas que
operan en su seno. Pero la actual composición política de la UE no
parece ser demasiado propicia: la Comisión Europea y el Parlamento
Europeo cuentan actualmente con una mayoría de centro-derecha, y eso
dejando de lado el hecho de que gran parte del centro-izquierda
defiende con entusiasmo el avance de la liberalización. Y la expansión
hacia el este hace aún más improbable que este panorama cambie en el
futuro más inmediato. Steve McGiffen señala en efecto que 'una de las
consecuencias de la ampliación de la UE ha sido el viraje de todo el
marco político hacia la derecha'.
Sin embargo, analizando la cuestión desde un punto de vista aún más
primordial, son los propios fundamentos institucionales de la UE los
que representan el problema clave. Desde la firma del Tratado de Roma,
la Unión ha tendido a aislar a las fuerzas económicas de toda
responsabilidad democrática. Esto es fruto, en parte, del
'intergubernamentalismo', es decir, del hecho de que las decisiones de
la UE dependan, en última instancia, del Consejo Europeo (de jefes de
Estado), que se reúnen en secreto.
El tratado constitucional prometía unas mejoras muy limitadas en este
sentido, aunque lo que ofrecía por un lado lo restaba por el otro ya
que, al otorgar a las políticas neoliberales un estatus superior, todo
debate significativo -más o menos transparente- sobre las grandes
cuestiones económicas se habría convertido en algo totalmente
superfluo. Así, aunque el texto siga enfangado, su espíritu pervive en
los acuerdos constitucionales existentes de la UE y en las políticas
que genera.
Esta continua tendencia a colocar el neoliberalismo por delante de la
responsabilidad democrática constituye el verdadero 'fracaso
histórico' de Europa. Otra Europa aún es posible, y no es difícil
imaginar los principios sobre los que se podría construir; más difícil
será construir las condiciones para que su alma sea libre.
* Oscar Reyes, Transnational Institute (
http://www.tni.org/es).
